El Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: La Restitución de la Posesión de la Parcela

DECLARA CON LUGAR la presente acción de conformidad con lo establecido en los artículos 773 y 774 del Código de Procedimiento Civil.-

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure actuando en sede Constitucional, declara CON LUGAR la acción de amparo intentada por el abogado ALCIDE RAMON URBINA GARCIA en su carácter de apoderado judicial de la empresa mercantil CONSTRUCTORA ALBEXANTE, C.A., en contra de los autos de fecha 13 de Octubre de 2003 dictados por el TRIBUNAL DEL MUNICIPIO RÓMULO GALLEGOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, en los expedientes Nos. 165-02, 166-02, 167-02, 168-02, 169-02, 170-02, 171-02, 172-02, 173-02, 174-02, 175-02, 176-02 y 177-02. En consecuencia, se DECRETA la nulidad de los autos de fecha 13 de Octubre de 2003 dictados por el TRIBUNAL DEL MUNICIPIO RÓMULO GALLEGOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE con sede en Elorza Estado Apure, en los expedientes Nos. 165-02, 166-02, 167-02, 168-02, 169-02, 170-02, 171-.....

es por lo que este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en nombre de la república Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente causa y DECLINA COMPETENCIA al Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, el cual es el Tribunal competente para conocer de la presente causa. Remítase con oficio expediente original al Tribunal declarado como competente, y así se decide. Líbrese Oficio.- La Jueza. Dra. ANAID HERNÁNDEZ ZAVALA. La Secretaria. Abg. AURI TORRES LÁREZ. AHZ/at.

DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la presente acción de cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano JOSE MERCELO VIERA en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, representada por el ciudadano GEAN LUIS LIPPA, Gobernador del Estado Apure, y así se decide. Se CONDENA a la GOBERNACION DEL ESTADO APURE a pagar a la parte demandante la cantidad de OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CATORCE BOLÍVARES (Bs. 8.674.014,00). Se ordena de oficio practicar experticia complementaria del fallo, la cual deberá ser realizada por un único experto designado por el Tribunal si las partes no lo pudieren acordar, a los fines de determinar: Primero: los intereses d.....

DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la presente acción de cobro de prestaciones sociales incoada por la ciudadana YURIMA YONAIRE ANDRADE CADENA en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, representada por el ciudadano LUIS LIPPA, Gobernador del Estado Apure, y así se decide. Se CONDENA a la GOBERNACION DEL ESTADO APURE a pagar a la parte demandante la cantidad de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 7.659.425,00). Se ordena de oficio practicar experticia complementaria, la cual deberá ser realizada por un único experto designado por el Tribunal si las partes no lo pudieren acordar, a los fines de determinar: Prime.....

HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos GARDEANO ANTONIO TORREALBA CABELLO y ALEJAQUIRA DEL CARMEN VENTA RANGEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-8.197.132 y V-9.599.979, de conformidad con los Artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para

DECRETA: CON LUGAR LA COLOCACIÓN FAMILIAR de los hermanos GONZALEZ PACHECO MAYUANMY NAZARETH, J.G. JUNIOR, y STEFANI GABRIELA, se acuerda: Entregar a los mencionados hermanos a su tío materno, Ciudadano JUAN BAUTISTA PACHECO CASTILLO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° 10.620.463, a los fines de salvaguardar la salud e integridad física y mental de los mismos, por cuanto el Interés Superior de los Niños es un principio de Interpretación y aplicación de Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a niños y adolescentes, así como el disfrute de pleno y efectivo de sus derechos y garantías, dándole cumplimiento a lo estipulado en los Artículos 396 y 400 de la ley orgánica para la protección del niño y del adolescente, en concordancia con lo establecido en el articulo 75 parágrafo primero de nuestra Constitución.-

Acuerda Declinar competencia al Juzgado Primero del Municipio Achaguas de esta Circunscripción Judicial, en razón de que el beneficiario sujeto en la presente causa, mantiene su domicilio en esa jurisdicción, por lo que este Tribunal se Declara Incompetente por el territorio.-

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. DECLARA CON LUGAR la solicitud interpuesta por la DRA. AMARILIS URBANEJA, Fiscal Octavo del Ministerio Público con competencia en Materia de Responsabilidad Penal del Adolescente y Penal Ordinario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, y DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, 2C-5.713-04, seguida en contra de de NAUDYS ANTONIO RIVAS Y ROBERT JOSÉ MARTINEZ, por uno de los delitos CONTRA LA PROPIEDAD, todo de conformidad con lo establecido en el ordinal 4° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, por no existir bases para solicitar fundadamente su enjuiciamiento. Notifíquese a las partes y remítase en su oportunidad legal al Archivo Judicial. Cúmplase.