DECISIÓN En orden a los razonamientos expuestos este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, interpuesta por el Ciudadano Alexis Euclides Solórzano Pérez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número: V-8.151.164, contra la Alcaldía del Municipio San Fernando del Estado Apure. Así se decide. Se condena a la Alcaldía del Municipio San Fernando del Estado Apure a cancelar al Ciudadano Alexis Euclides Solórzano Pérez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número: V-8.151.164, y de este domicilio, las siguientes cantidades; Antigüedad viejo régimen: Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro bolívares (Bs. .....

Por las razones antes expuestas este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN POR COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, que incoara la ciudadana CAMPOS RANGEL CARMEN, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.190.520, con domicilio en esta ciudad de San Fernando de Apure; representada por el abogado Marcos Goitía, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.756.223, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 75.239, contra la Gobernación del Estado Apure, representado por el ciudadano Jesús Aguilarte Gámez. Así se declara.

INADMISIBLE el RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL ejercido por el ciudadano JOSÉ LUIS BOLÍVAR, en contra de la SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL ESTADO APURE.

HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCILIATORIO planteado por los precitados ciudadanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y 309 de Código Civil Venezolano.-

El Tribunal Deja Constancia que el notificado retiro voluntariamente las planchas de zinc, desmantelando el rancho. El Tribunal procede a hacerle entrega del lote de terreno Secuestrado totalmente desocupado tanto de personas como de bienes muebles al Depositario Judicial designado, quien se encuentra presente y manifiesta recibirlo conforme y mantenerlo a la orden del Tribunal de la causa se deja constancia que no se utilizo la fuerza publica. Concluida la misión del Tribunal da por terminado el acto y ordena el regreso a su sede natural siendo las 12:15 m. Termino se leyó y conformes firman.- La Juez Prov., Dra. Ligia Puerta Valdez. La parte actora y su Abogado asistente, Claribel Angélica Mota. Dr. Luis A. Hidalgo. El Notificado Douglas Arturo Flores. Se negó a firmar. El Cerrajero, Rafael Alexander Hernández. El Depositario Judicial, Franklin Noel Aponte. La Consj. Princ. Del Cons. Prot. N, N, A, Mary Contreras. Los Funcionarios Policiales S/2do Jimmi Aguilar C. I. 12.900.286. C/1e.....

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Se revoca el fallo en consulta dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, de fecha nueve (09) agosto del 2004; SEGUNDO: Sin lugar la demanda intentada por la ciudadana CARMEN ZULIA MALDONADO contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, por cuanto la acción se encuentra prescrita; TERCERO: No hay condenatoria en costas.

Por tales consideraciones este Tribunal declina la competencia por la materia al Juzgado Superior en lo Civil, (Bienes) Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure. Y así se decide.

DECISION EXPRESA, POSITIVA Y PRECISA Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, este tribunal administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA EXTINGUIDO el Vinculo Matrimonial, contraído por los ciudadanos, ciudadanos: ELIXS ANASTACIO DELGADO y IRIS MARGARITA MONTOYA RODRÍGUEZ, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre sí, titulares de las Cédulas de Identidad N° V-13.639.650 y 12.584.243, respectivamente, el cual contrajeron en fecha 29 de Noviembre de 2005, por ante la Parroquia Cunaviche del Municipio Autónomo Pedro Camejo del Estado Apure, según acta Nº 20 de la misma fecha. Liquídese la comunidad conyugal. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado, en la ciudad de San Fernando, Estado Apure, a los diecisiete días del mes de Enero del año dos mil Seis.- Años 195° de la Independencia y.....

este Juzgado Primero del Municipio Achaguas de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, HOMOLOGA dicho convenimiento en los términos expuestos por las partes, de conformidad con el Artìculo 375 de la Ley Orgànica para la Protecciòn del Niño y del Adolescente. EL JUEZ PRIMERO TEMP.- Dr. WILMER J. PÈREZ C. La Secretaria, Zenaida R. de Villamizar. Exp. Nº 03-332 (Oblig. Alimt.) 17-01-06.- Dr. WJPC/Lic. FDEM.

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: PRIMERO: Notificar al Fiscal Auxiliar XII del Ministerio Público, Abg. Carlos José Izarra Sulbarán de la medida solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 504 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: No ha lugar lo solicitado por el penado: RODRIGO RAFAEL RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 1.252.744, natural de Barquisimeto, Estado Lara, nacido en fecha 01-05-1.936, solero, de profesión educador; en virtud de que no se han cumplido los presupuestos exigidos en el artículo 503 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a la evaluación médica practicada al mismo; la cual no se encuentra ratificada por el Médico Forense perteneciente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de San Cristóbal, Estado Táchira, quien es el facultado para determinar si estamos en presencia de una enfer.....