en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD Y POSESIÓN, suficiente sobre las bienhechurías construidas sobre un terreno de propiedad municipal, según consta en Autorización, expedido por la Alcaldía del Municipio Autónomo San Fernando del estado Apure de fecha quince (15) de Octubre del año 2.021; dicho terreno consta de CUATROCIENTOS TRES METROS CUADRADOS CON TREINTA Y OCHO CENTÍMETROS (403,38 M2), ubicado en el Barrio Guasimo II, Calle Principal Brasil, Municipio San Fernando del Estado Apure, ubicado dentro de los siguientes linderos: NORTE: FAMILIA SEGOVIA, EN DIECINUEVE METROS CON SESENTA CENTIMETROS (19,60.Mts); SUR: CALLE PRINCIPAL BRASIL, EN DIECISEIS METROS CON SESENTA CENTIMETROS (16,60Mts); ESTE: FAMILIA BARONI, EN VENTICUATRO METROS CON TREINTA CENTIMETROS (24,30Mts); y OESTE: IGLESIA GALADA, EN VEINTE METROS CON TREINTA CENTIMETROS (20,30Mts); las cuales ha construido con dinero de su propio peculio .....

CON LUGAR la solicitud de Divorcio por Desafecto formulada por la ciudadana ELINDA JOSEFINA LUNA ESPINOZA, Venezolana mayor de edad titular de la cedula de identidad V.-10.623.383, debidamente asistido por el Abogado RAMON ARNOLDO , inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro.162.585. Contra el ciudadano: HERNAN JOSUE RUIZ CASTILLO, venezolano titular de la cedula de identidad V.-4.141.199. Conforme al criterio de la doctrina emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nro. 1.070, de fecha 09-12-2016, la cual riela en el expediente Nro. 16-0916, con ponencia del Magistrado Dr. JUAN JOSE MENDOZA JOVER, caso Hugo Armando Carvajal Barrios Vs. Gladys Coromoto Segovia González, en la cual desarrolla el nuevo criterio acogido por esta Juzgadora.

Por lo que considera este Tribunal, de los elementos de hecho y de derecho previamente analizados, que habiéndose verificado mediante revisión de la causa en mención, ha transcurrido más de un (1) año, es decir, cinco (05) años, once (11) meses y veinticuatro (24) días, sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento que permita la interrupción de la perención, durante el lapso comprendido entre el catorce (14) de marzo del 2016, fecha en que, la parte demandante, consignó escrito de subsanación de demanda, hasta la presente fecha, que produce la sentencia de perención de la instancia, sin que se observe actuación alguna de la parte demandante en la causa; en consecuencia, encontrándose llenos los extremos legales que se contrae el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta obligante para esta Juzgadora decretar la perención de la instancia; por tanto, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRC.....

"PRIMERO: LA PERENCIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, de conformidad con los artículo 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. "

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad, interpuesto por el ciudadano LUIS ALBERTO VALERA LARA, venezolano, mayor de edad de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V.- 17.609.351, debidamente asistido por la abogada en ejercicio Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el N° 109.744, en consecuencia se decreta la Nulidad del Acto Administrativo de Efectos Particulares contenido en la Providencia Administrativa N° 003/17, contenida en Procedimiento Disciplinario EXP-ADM-DGPBA-ICAP-OISEA-Nº 024-2016, sustanciado por la Oficina de Control y Actuación Polici.....

Es por tanto que las medidas cautelares son un instrumento necesario para la eficiencia de la Justicia y este poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumusboni iuris). En ese sentido, de la revisión efectuada al libelo de la demanda, se constató que el solicitante no aporto las pruebas suficientes para que proceda el decreto de las medidas solicitadas, y analizados como han sido los alegatos presentados por el peticionant.....

DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos que preceden, esta Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara Sin lugar la pretensión interpuesta el 03-7-2019, por los Abogados Stephany Gabriela Medina y Wiston Rafael Ortega, en su condición de Defensores Privados, contra la decisión dictada el 18-12-2018, y publicado su texto íntegro en fecha 17-5-2019, por la Jueza 1ª de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, Abg. Jessica González Ojeda, mediante la cual declaró Culpable al ciudadano Cosme Javier Rueda Blanco, por la comisión del delito de Homicidio Calificado con Alevosía, previsto en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en perjuicio de Rogers Alexander Ovalles. SEGUNDO: Se confirma la decisión im.....

IV DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos que preceden, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara Sin lugar la pretensión interpuesta el 2-2-2022, por la Abogada Nerys Coromoto Flores Aponte, en su condición de Defensora Privada del ciudadano José Gregorio Changir Martínez, contra la decisión dictada el 25-1-2022 y publicada el 27-1-2022, por el Juez 2° de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Abg. Reyner Daniel Bello Mota, mediante la cual acordó Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano José Gregorio Changir Martínez, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado Predeterminado por Motivos Futiles en Grado de Tentativa, .....

CON LUGAR la solicitud de Declaración de Únicos y Universales Herederos, formulada por la ciudadana ODALIS COROMOTO ACOSTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.596.311, actuando en representación del Adulto Joven (Discapacitado) (Se omite la identidad acogiendo el criterio Jurisprudencial con carácter vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro. 1.554 de fecha 12-11-2013, la cual riela en el Expediente Nro. 13-0318 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso Edgar José Hernández Romero), debidamente asistidos por la Abg. LUISA IRENE ESCALONA CASTILLO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 174.572.

PRIMERO: Declara sin lugar la pretensión interpuesta el 1-9-2021 por el Abg. RONALD JOSÉ FLORES DÍAZ, Fiscal 12º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, Extensión Guasdualito, contra la decisión dictada el 8-12-2019, publicado el auto fundado en fecha 29-12-2020, por la Juez 1ª del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Apure, Abg. XIOMARA PEÑA RODRÍGUEZ, mediante la cual condenó a los ciudadanos YEFERSON ALEXANDER QUINTERO BALLESTERO y YORGIN RAFAEL PÉREZ, en aplicación del procedimiento especial por admisión de hechos, previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, a cumplir la pena de 5 años de prisión, por la comisión del delito de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégico en grado de frustración, tipificado en el artículo 34 con las agravantes previstas en los numerales 6 y 12 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Fi.....