DISPOSITIVA En virtud de lo antes expuesto éste Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECRETA: PRIEMRO: EL SOBRESEIMIENTO, por prescripción de la acción penal de la causa signada con el Nº 1C-327-00, seguida en contra de los ciudadanos LOPEZ CASTILLO WILIAN JOSE, titular de la cédula de identidad N° 13.938.844, por la presunta comisión de uno del delito (s) Encubrimiento y Receptación, previsto y sancionado en los artículos 255 y 472 del Código Penal Venezolano vigente para la época de los hechos, conforme a lo establecido, en el Artículo 108 concatenado con el 110 del Código Penal Venezolano vigente para la época de los hechos, 49 ordinal 8° y 300 Numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia se deja sin efecto la Audiencia Especial. SEGUNDO: Así mismo se acuerda dejar sin efecto la res.....

PRIMERO: Declara sin lugar la pretensión interpuesta el 29-10-2012, por el Abg. JOHAN JESÚS GARCÍA, Defensor Público Quinto Primera Penal de la Coordinación Regional de la Defensa Pública del Estado Apure, Defensor de los ciudadanos: FRANCISCO JAVIER MONTILLA CASTILLO Y EDIXON JOSUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, contra la decisión mediante la cual el 24-10-2012, la Juez Segunda de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Abg. GRECIA GARCÍA, decretó en perjuicio del antes mencionado ciudadano, medida de privación judicial preventiva de libertad, por la presunta comisión de los delitos de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 5 con la agravante del numeral 1 del artículo 6 de La Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, AGAVILLAMIENTO, LESIONES LEVES Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en los artículos 286, 416 y 218 del Código Penal. SEGUNDO: Confirma la decisión .....

En merito de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur con sede en San Fernando de Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Declarar su incompetencia, para conocer, sustanciar y decidir el Recurso de Amparo Constitucional, ejercida por el ciudadano FREDDYS OMAR CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº 8.167.746, debidamente representado por los abogados en ejercicio JOSE ANGEL HURTADO MARTINEZ Y ROBERTO ANTONIO CORONA LAYA, abogados, de este domicilio, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros 54.102 y 134.248; contra la CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO APURE, ello con fundamento en lo explanado en la motiva del presente fallo. Segundo: Declinar la competencia en el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del .....

DISPOSITIVA. Por todas las razones antes expuestas este Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: La aprehensión en flagrancia de conformidad con las previsiones del articulo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal, y como consecuencia de ello sin lugar la solicitud de nulidad, y siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal y teniendo el mismo, la potestad de solicitar la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, conforme a las previsiones del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal considera ajustado a derecho la solicitud fiscal y acuerda se prosiga la presente investigación por el Procedimiento Ordinario. SEGUNDO: Se acoge la precalificación Fiscal otorgada a los hechos, como el delito de ROBO DE VEHICULO, pre.....

SEGUNDO: Examinada como ha sido la acusación presentada por la vindicta pública, este Tribunal de conformidad a lo establecido en el ordinal 2 del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a admitirla en su totalidad, en contra de los ciudadanos SERAPIO VÉLIZ y EDUARDO HERRERA, por la presunta comisión de los delitos de PERTURBACIÓN PACÍFICA DE LA PROPIEDAD Y DAÑOS A LA PROPIEDAD previsto y sancionado en los artículos 472, 473 y 474 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JUAN FLORENTINO SOLÓRZANO; puesto que se encuentran llenos los extremos establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: De acuerdo al numeral 9° del articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal SE ADMITEN TOTALMENTE LAS PRUEBAS OFERTADAS POR EL MINISTERIO PUBLICO, es decir, expertos, testimóniales, y documentales, y otros medios de pruebas, cursantes en el Capitulo V, siendo estos los siguientes: 1)-TESTIMONIALES: A.-TESTIMONIOS DEL EXPERTO: Declaración del exper.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: Convertida en DIVORCIO la SEPARACIÓN DE CUERPOS POR MUTUO CONSENTIMIENTO incoada por los ciudadanos NINFA BEATRIZ PEREZ ITURRIZA y JUAN MARIA RIOS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad N°s. 15.600.678 y 5.035.440, respectivamente, respectivamente, y domiciliados en esta ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, y DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL celebrado por ante el Registro Civil del Municipio Biruaca del Estado Apure, el día 25 de enero del año 2.012, según consta de Acta certificada que acompaña en el escrito signada con el Nº. 08. Y así se declara.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito, Bancario y de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, DECLARA: PRIMERO: Sin lugar la apelación ejercida por el abogado en ejercicio ciudadano SIMON LEONARDO HERNANDEZ, apoderado judicial del ciudadano EULALIO SALVADOR SALAZAR, contra la sentencia dictada por el Tribunal de la causa de fecha 09 de Julio del año 2001. SEGUNDO: Se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia de fecha 09 de Julio del año 2001, dictada por el Tribunal de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure. TERCERO: Se ordena la notificación de las partes de conformidad con los artículos 251 y 174 del Código de Procedimiento Civil.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito, Bancario y de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, DECLARA: PRIMERO: Sin lugar la apelación ejercida por el abogado ELISEO DE JESUS CUERVO HERNANDEZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante DAINEZ DEL CARMEN APARACIO PANTOJA, contra la sentencia dictada por el Tribunal A-quo, en fecha 08 de agosto del año 2.008. SEGUNDO: Se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia de fecha de 08 de agosto del año 2.008, dictado por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial del Estado Apure. TERCERO: Se ordena la notificación de las partes, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimient.....

(...) En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: HOMOLOGA el acuerdo presentado, pasándolo en autoridad de cosa juzgada conforme lo establece el parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo en los términos y condiciones establecidas por las partes y analógicamente con el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, (...)

Este Tribunal deja constancia que la Registradora Encargada esta presente, facilitando toda la información requerida, es todo. La Notificada solicita el derecho de palabra y concedídole como le fue, expone: Se acuerda expedir la Copia Certificada solicitada. Se deja expresa constancia, que la practica de la presente Medida no causo ningún tipo de tasas, aranceles o pago alguno para este Tribunal, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No siendo otra la misión del Tribunal, da por terminado el acto y ordena el regreso a su sede natural siendo las 12:15 p.m. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.-