Visto el anterior justificativo de testigo evacuados por ante este despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, y sin perjuicios de terceros de igual o mejor derecho, éste Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara "TITULO SUPLETORIO BASTANTE DE PROPIEDAD Y POSESIÓN", a favor de los ciudadanos SIVILIO ANTONIO SEIJAS y BLANCA MARISOL ROMERO MEJIAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-.8.192.299 y V-11.242.499 respectivamente, las bienhechurías que se determinan en la solicitud y mediante el justificativo de testigo evacuados por ante éste despacho, consistentes en unas bienhechurías construidas en terrenos propios, según consta de documento protocolizado por ante el Registro Público del Municipio San Fernando del Estado Apure, en fecha 27-08-2008, bajo el Nº 41, Folios 250 al 254 del Protocolo Primero, Tomo Veintiséis, Tercer Trimestre del año 20.....

Bienhechurías estas fomentadas a las únicas y propias expensas del ciudadano SAMUEL JOSE MENDEZ HIGUERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-.11.759.458. Se ordena devolver estas resultas al solicitante, quedando anotado el libro de solicitudes llevado por este Tribunal durante el año 2017, bajo el Nº 92-17.

En el caso que nos ocupa, consta los medios probatorios que demuestra la presunción del buen derecho que se reclama (FUMUS BONI IURIS), con los hechos narrados en el escrito libelar, y con el probado el requisito el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora), como ha sentado la jurisprudencia que "el peligro en la demora a los efectos de la medida precautoria, surge de la sola duración del proceso; la prolongación de los lapso más o menos largo siempre le crea un riesgo a la justicia". De manera que se encuentra acreditada para decretar: Primero: Medida de Secuestro sobre un vehículo Modelo: Neón LX, Marca: Chrysler, Clase: Automóvil, Placa: BAY08P, Color: Azul; Año: 2000; Serial de Carrocería: 8Y3HS47C4Y1202701 el cual se encuentra a nombre del ciudadano Víctor Manuel Pérez, titular de la Cédula de Identidad Nº 1.834.560 según constancia de Certificación de Datos Nº 010 de fecha 02-03-2017 emitida por el Instituto Nacional de Tra.....

DECLARA: CON LUGAR la acción de DIVORCIO 185-A instaurada por los ciudadanos JOSE YSRRAEL TORREALBA MELENDEZ y ANA NAKARIS CELIS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-18.015.363 y V- V-16.640.375, debidamente asistidos de Abogada, según el Artículo 185-A del Código Civil, y en consecuencia, se declara disuelto el vinculo matrimonial que los unía, contraído el día primero (01) de Agosto del Año Dos Mil Nueve (2009), por ante El Registro Civil de la Parroquia Camaguán, Municipio Camaguán, Estado Guárico, según Acta de Matrimonio Numero veinticuatro.

DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Divorcio 185-A, formulada por los ciudadanos LUCAS EDUARDO HERRERA ROMERO y EMILYS CAROLINA HERNÁNDEZ MUÑOZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 17.395.046 y 16.527.766, en su orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano vigente.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley Admite la Querella Funcionarial, ejercida por la ciudadana Carmen Angélica Castillo Pérez, titular de la cédula de identidad N°. 13.938.581, debidamente asistido por el abogado en ejercicio Agustín Olis Jiménez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 96.724, correspondiente a la Querella Funcionarial contra el Ministerio del Poder Popular Para la Educación.

En el caso sub yudice, se evidencia que la demanda se admitió por los trámites del juicio ordinario sin que ninguna de las partes haya reclamado al respecto. Esta situación configura una subversión del procedimiento que en principio daría lugar a la reposición de la causa al estado de que se admita nuevamente la demanda debido a que existe una incompatibilidad insalvable entre el juicio oral y el procedimiento ordinario, siendo deber de los Jueces corregir las fallas procedimentales, y por ende no subvertir los procedimientos; en consecuencia se ordena la reposición de la causa al estado de admisión y por ende nula todas y cada unas de las actuaciones que corren inserta desde el folio 10 al folio 161 de conformidad con el articulo 206 del código de procedimiento civil a exepciòn de los poderes que rielan a los folios 20 y 34. Y así se decide.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DE TRANSITO Y BANCARIO DE LA.....

(...) PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Nulidad interpuesto por el ciudadano Darío Lubisco Ciufoli, de nacionalidad italiana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº E.-80.303.168, en su carácter de representante legal de la Empresa "Tintorería Moderna, C.A ", debidamente asistido por el abogado Franceso Salerno Miraglia, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N°18.328.541, contra la providencia administrativa Nº 0168-14, dictada por la Inspectoría del Trabajo Sede en San Fernando Estado Apure en fecha doce (12) de noviembre de 2014, mediante la cual decidió imponer Empresa "Tintorería Moderna, C.A", sanción de multa. (...)

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos antes mencionados, de conformidad con el artículos 385 y 386 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Declara: Procedente lo solicitado, en consecuencia, este Tribunal HOMOLOGA EL ACUERDO CONCILIATORIO, planteado por los precitados ciudadanos.-