Este Tribunal dictó Sentencia en la causa, mediante la cual se declara disuelto el vinculo matrimonial que unía a los ciudadanos JOSE LUIS FLORES SUAREZ y SUHEI YAMILETH SALAZAR SALINAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-10.062.761 y V-16.555.180, en su orden, en tal sentido, este Juzgador en uso de sus atribuciones que le confiere la Ley, Ordena su Ejecución, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 475 y 506 del Código Civil Venezolano.-

Declara Extinguida la instancia en el presente proceso de Autorización Judicial Para Ejercer Tramitación, por la incomparecencia de la parte solicitante a dicho Acto.

De las normas parcialmente transcritas, se infiere que el solicitante debe aportar pruebas, que el juez debe valorar y señalar si tales pruebas son suficientes para acordar la medida pretendida, una vez revisadas las actas procesales que conforman la presente causa, se pudo observar que no consta en el `presente expediente, ninguna documentación sobre el bien (vehículo) que da lugar al presente auto, se presume la apariencia del derecho reclamado, y en cuanto al periculum in mora, observa quien aquí decide, al no constatarse en el expediente ninguna documentación, que acredite la propiedad del demandado sobre el bien (vehículo) sobre el cual se pretende decretar medida de secuestro, en tal sentido establece el artículo 599 del Código citado, lo siguiente: Así mismo establece el artículo 599 eiusdem lo siguiente: Se decretará el secuestro: 1° De la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que éste la ocul.....

El costo de la construcción de las bienhechurías, la mano de obra y materiales fue por un costo total de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 10.000.000,00); bienhechurías que se determinan en la solicitud y mediante Justificativo de Testigos evacuados ante este Tribunal a favor del ciudadano DANIEL ALBERTO CORDERO CORRALES. Se ordena devolver las resultas al solicitante. El Juez; ABG. FRANCISCO JAVIER PADRÓN La Secretaria Titular; ABG. MARÍA MILAGRO ARANGUREN T. En esta misma fecha se devuelven las presentes actuaciones, quedó anotado en el punto Nº_____, al folio (_____________) del Libro Diario. La Secretaria Titular; ABG. MARÍA MILAGRO ARANGUREN T. SOLICITUD N° 17-218 FJP/MMAT/gv

Vista la anterior justificativo de testigo evacuado por ante este Despacho, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, y sin perjuicios de terceros de igual o mejor derecho, este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara "TITULO SUPLETORIO BASTANTE DE PROPIEDAD Y POSESIÓN" a favor de la ciudadana: FANY DEL CARMEN CARMONA, venezolana, mayor de edad, titular de las cedula de identidad No. V-11.759.971, las bienhechurías que se determinan en la solicitud, están construidas en terrenos de propiedad municipal, según se evidencia en Autorización otorgada por la Abg. Carolina María Herrera López, en su condición de Sindica Procuradora (I) de la Alcaldía del Municipio San Fernando del Estado Apure, con una superficie de CIENTO VEINTE METROS CON DOCE CENTIMETROS CUADRADOS (120,12 Mts2), ubicado en el Barrio 9 de Diciembre, calle la Residencia, s/n del Municipio San Fernando Estado Apure, c.....

ÚNICO: Declara con lugar, de conformidad con el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, la inhibición planteada el 4-9-2017 por la Abg. XIOMARA LISSETT PEÑA RODRIGUEZ, Juez de Primera Instancia en funciones de Juicio de la Extensión Guasdualito del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en Causa que cursa ante el Despacho a su cargo en Expediente Nº 1U-1379-16.

Por los fundamentos antes expuestos, éste TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FERNANDO Y BIRUACA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE; ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 375 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, HOMOLOGA EL PRESENTE CONVENIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPUESTAS, Cúmplase. Se acuerda librar oficio al ente empleador Jefe de Recursos Humanos de INSALUD-APURE, ordenando los descuentos y depósitos de los montos de obligación de Manutención y bonos acordados en ésta sentencia de Homologación. Se acuerda notificar a la Fiscalía Sexta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Apure de conformidad con el artículo 172 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente indicándole sobre la Homologación Judicial del Convenimiento de obligación d.....

Este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION, SUSTANCIACION Y EJECUCION DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE considera procedente lo solicitado, en consecuencia, se HOMOLOGA EL ACUERDO CONCILIATORIO, planteado por los precitados ciudadanos en todos los términos por ellos expuestos, de conformidad con el articulo 315 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en concordancia con los artículos 365, 366 y 375 Ejusdem.

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, considera procedente lo solicitado, HOMOLOGA el acuerdo planteado por los precitados Ciudadanos, de conformidad con los artículos 358, 366 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA, el acuerdo conciliatorio, de conformidad con el artículos 315, 366, 375 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.